DENUNCIA FALSA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y FALSO TESTIMONIO
Además de la protección a la mujer en casos de violencia de género, el Tribunal Supremo endurece las condenas por denuncias falsas cuando el presunto acusado llega a ser juzgado, cometiendo un delito de falso testimonio. El criterio de la Sala de lo Penal en estos casos en los que la denuncia se ratifica en un juicio debe condenarse como un delito de falso testimonio y no por una mera denuncia falsa. Hablamos sobre un tema de especial gravedad, acusar a alguien de unos hechos que no ha cometido.
«Si los bienes jurídicos del denunciado falsamente corren el riesgo de ser dañados ante una denuncia falsa, ese riesgo se acentúa más gravemente cuando se produce frente a aquel, ya en juicio oral, un falso testimonio», afirma el Alto Tribunal.
En todo caso, ante la más mínima sospecha de testigos falsos debe ponerse en manos de un abogado que es quien va a velar por el cumplimiento de la ley y por la protección de sus derechos. Aunque no sea algo que se dé siempre, pero estas excepciones existen y, no podemos permitir que alguien “pague” por algo que no ha realizado. Estas denuncias falsas o falsos testimonios actúan corrompiendo el sistema penal y este fue diseñado para otros fines.
Denuncias falsas y falso testimonio para conseguir la guarda y custodia.
Una de las razones por las que más denuncias falsas de violencia de género se dan es por redacción del art. 92.7 del Código civil:
“No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.”
Ante este tipo de denuncias falsas en el ámbito de violencia de género, observamos cómo, también, se puede llegar a obtener un beneficio civil en sede penal. En ocasiones, la necesidad de ofrecer a la mujer una protección efectiva y total contra la violencia de género, una situación de riesgo acarrea una desventaja o desprotección de defensa para el hombre. Las pruebas y una buena defensa serán cruciales.
Las consecuencias pueden ser terribles. Se etiqueta y se prejuzga de antemano, señalando al hombre como “maltratador” antes de que el procedimiento penal haya llegado a su fin. Serían víctimas de este tipo de maltrato, en el que pueden perder todo: el trabajo, el derecho a vivir en su propia casa y la custodia de sus hijos. Añadiendo, además, las dificultades que se puede encontrar en el ámbito personal, debilitando sus relaciones sociales.
¿Qué debo hacer en caso de denuncias falsas y falso testimonio?
El hombre que sea víctima de una denuncia falsa por malos tratos, no debe dudar en pedir asesoramiento a un abogado penalista especializado en asuntos de malos tratos. Muchas personas se preguntan cómo deben actuar ante una detención. Es importante que tengan claro los derechos básicos. Estos derechos están regulados en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Claramente existen casos de violencia doméstica siendo los hombres quienes lo sufren, siendo ellos las víctimas y las mujeres las agresoras. La violencia NO tiene género y los autores pueden ser hombres o mujeres.
Garantías procesales del denunciado por violencia de género
Las bases garantistas del proceso penal indican la vinculación que existe entre la legislación, la práctica procesal a la Constitución y, a los diversos instrumentos de derechos humanos que vinculan al Estado. Se trata de principios que permiten que los culpables respondan ante la ley de modo civilizado y que los inocentes, pese a las deficiencias del sistema, puedan hallar una justa absolución. Son los principios garantistas formados por los derechos fundamentales frente al poder estatal sancionador o ius puniendi.
Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la posible inseguridad que provocaría en la sociedad un debilitamiento en la investigación policial y judicial. Es aquí donde entran en juego los intereses del individuo, el interés general de la averiguación de la verdad absoluta, y el éxito de la administración de justicia.